Caso Campo Algodonero vs. México

Caso emblemático sobre derechos de las mujeres en Corte Interamericana de DDHH

Una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha determinado violaciones con base en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belem do Pará” ha sido la sentencia del caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Esta sentencia, de fecha 16 de noviembre de 2009, crea un precedente en el tema de derechos de la mujer y la forma en cómo defenderlos en las Américas.

Los hechos que dan origen a la denuncia, primero ante instancias nacionales en Ciudad Juárez México, y luego ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la desaparición y posterior muerte de tres jóvenes: Laura Ramos, de 17 años; Claudia González, de 20 años y Esmeralda Herrera de 15 años. Estas tres jóvenes no se conocían pero desaparecieron de sus lugares de trabajo y hogares entre septiembre y octubre de 2001.

Los familiares de las víctimas acudieron ante organismos de justicia como policía para realizar la denuncia de las jóvenes desaparecidas, pero en los tres casos subestimaban la situación o les solicitaban esperar 72 horas para iniciar labores de búsqueda. En este sentido, la Corte Interamericana, en la sentencia, estableció que las autoridades nacionales se limitaron a realizar labores formales administrativas y no medidas que llevasen a encontrar a las víctimas. Por lo que las madres de las jóvenes y sus familias tuvieron que comenzar, por su parte, labores de búsqueda en Ciudad Juárez, México, localidad donde habitaban las jóvenes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó, tanto en la audiencia del caso, como en la sentencia posterior, que “cuando se denunció cada desaparición, los familiares recibieron comentarios por parte de agentes estatales sobre la conducta de sus hijas que consideran influenciaron la inacción estatal posterior”.

El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de tres mujeres en un campo algodonero, quienes fueron posteriormente identificadas como las jóvenes Ramos, González y Herrera. Un día después, en un lugar cercano dentro del mismo campo algodonero, fueron encontrados los cuerpos de otras cinco mujeres. Las evidencias de los restos mostraron y quedó registrado en la sentencia del caso, que las jóvenes fueron víctimas de abuso sexual, con extrema crueldad y ensañamiento.

Esmeralda Herrera cuando fue encontrada tenía unos 8 a 12 días de haber muerto, mientras que Claudia González y Laura Ramos de 4 a 6 semanas. Las tres, como indicó la Corte, eran mujeres jóvenes, de escasos recursos, trabajadoras o estudiantes, como muchas de las víctimas de los homicidios en Ciudad Juárez. Además, este órgano internacional estableció que los homicidios de las víctimas se dieron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez.

Circunstancias y cifras

Ciudad Juárez es una localidad, ubicada en México, en el norte del estado de Chihuahua, en la frontera con El Paso, Texas. Cuenta con una población de 1.200.000 habitantes y se caracteriza por ser una ciudad industrial, con especialidad en la industria maquiladora.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que: “Ciudad Juárez se ha convertido en el foco de atención de la comunidad nacional como internacional debido a la situación particularmente crítica de la violencia contra las mujeres imperante desde 1993 y la deficiente respuesta del Estado ante estos crímenes”.

Dentro de las cifras de homicidios de mujeres registrados en Ciudad Juárez, la Corte Interamericana señaló que “Diversos informes indican cifras que oscilan entre 260 y 370 mujeres entre 1993 y 2003”. Mientras que el Estado mexicano envió cifras a la Corte, en las cuales indicó que hasta el año 2001 se habían registrado 264 homicidios de mujeres y hasta el 2003, 328 y para el año 2005 los homicidios de mujeres ascendían a 379.

Según informes del 2003, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), Amnistía Internacional, así como organizaciones no gubernamentales de México contabilizan alrededor de 400 desapariciones de mujeres, ocurridas entre 1993 y 2003.

Ante la diversidad de cifras y registros, la Corte Interamericana señaló que “no existen conclusiones convincentes sobre las cifras en cuanto a homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, pero observa que de cualquier forma son alarmantes”.

La Corte Interamericana llegó a la conclusión de que las jóvenes González, Ramos y Herrera fueron víctimas de violencia contra la mujer, de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). En este sentido, la Corte calificó a las tres jóvenes víctimas por razones de género, en el marco del contexto de violencia, existente en Ciudad Juárez, México. Además de destacar que eran jóvenes de escasos recursos, trabajadoras o estudiantes.

En cuanto a los derechos violados en este caso, establecidos por la Corte, se encuentran: violación al derecho a la vida, integridad, así como libertad personal relacionados con la obligación del Estado de México de respeto y garantía, así como los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la Corte estableció violaciones a la Convención de Belem do Pará, en sus artículos 7.b y 7.c, los cuales expresan lo siguiente:

“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

-Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

-Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso…”

La Corte también estableció que el Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como derecho que tenían las tres jóvenes víctimas a no ser discriminadas, ni atacadas por su género.

Violencia contra la mujer

La Convención Belém do Pará define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Este instrumento establece: “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros:

a. El derecho a que se respete su vida;

b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

c. El derecho a la libertad y a la seguridad personales;

d. El derecho a no ser sometida a torturas;

e. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

f. El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

g. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

h. El derecho a libertad de asociación;

i. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y

j. El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”.

Otros instrumentos universales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) definen discriminación contra la mujer como: “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Para descargar sentencia de la Corte Interamericana de DDHH sobre caso Campo Algodonero vs. México: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf

 

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