Zoilamerica Narvez Murillo vs. Nicaragua

Sistema de Protección:  SIPDH                                         
Solicitud ante CIDH . Informe de Admisibilidad.
Caso y víctimas.

ZOILAMERICA NARVEZ MURILLO VS NICARAGUA. La CIDH emitió Informe de admisibilidad Nº 118/01. Caso 12.230 del 15 de octubre de 2001.

Derechos Denunciados

Según las peticionarias, el Estado de Nicaragua ha violado los artículos 1 (obligación de respetar los derechos), 2 (obligación de adoptar disposiciones de derecho interno), 8 (garantías judiciales), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial)  contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el artículo 7 incisos b, d, e, f y g, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, toda vez que la Asamblea Nacional no se ha pronunciado sobre la solicitud de desafuero presentada por la Sra. Narváez en contra del diputado Daniel Ortega, lo cual no ha permitido a la presunta víctima acceder a la justicia en busca del restablecimiento de sus derechos violados.

Petición

La petición fue presentada por Zoilamérica Narváez Murillo y Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

El 27 de octubre de 1999, la CIDH, recibe denuncia en la que se alega que el Estado violó el derecho de la Sra. Zoilamérica Narváez de ser oída por un juez o tribunal competente. La señora Narváez presentó una querella ante el Juzgado I de Distrito del Crimen de Managua, el 5 de junio de 1998, con motivo de supuestas agresiones físicas y psicológicas de las que fue objeto por parte de su padre adoptivo, el Sr. Daniel Ortega Saavedra, actual diputado ante la Asamblea Nacional.

Según las peticionarias, el Estado de Nicaragua ha violado los artículos 1 (obligación de respetar los derechos), 2 (obligación de adoptar disposiciones de derecho interno), 8 (garantías judiciales), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el artículo 7 incisos b, d, e, f y g, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, toda vez que la Asamblea Nacional no pronunció sobre la solicitud de desafuero presentada contra del diputado Daniel Ortega, lo cual no ha permitido acceder a la justicia en busca del restablecimiento de sus derechos violados.

Actuación del Estado

El Estado nicaragüense alegó no haber denegado el acceso a la justicia a la señora Zoilamérica Narváez Murillo, e indicó que en el presente caso las autoridades actuaron con apego a la ley interna y a lo establecido en la Convención Americana. El Estado indicó además que en el caso en cuestión, no se habían agotados los recursos de la jurisdicción interna ya que existía una Comisión Especial encargada de estudiar y dictaminar sobre el desafuero del diputado Ortega conforme al procedimiento establecido por la Ley de Inmunidad.  Por lo tanto solicitó a la Comisión que declarara el reclamo de las peticionarias inadmisible sobre la base del incumplimiento del requisito del previo agotamiento de los recursos internos, previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana.

A su vez, alegó el Estado nicaragüense que:

El Poder Legislativo no obstaculizó en ningún momento el acceso a la justicia de la demandante. En este sentido señala que la Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua remitió a la Asamblea Nacional las diligencias que llegaron a su conocimiento, con base en la Ley de Inmunidad, ya que no tenía competencia para conocer la acción de querella promovida por la señora Zoilamérica Narváez, sin antes proceder al trámite de desafuero de conformidad con la ley interna.

Las instancias de la jurisdicción interna no se hallan agotadas, toda vez que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en sesión del 25 de noviembre de 1999, resolvió por unanimidad evacuar los incidentes que habían sido planteados por la Sra. Narváez y acordó crear  una Comisión Especial con el objeto de estudiar y dictaminar sobre el desafuero del diputado Daniel Ortega, conforme al procedimiento establecido por la Ley de Inmunidad.

Las resoluciones de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no fueron recurridas de amparo por la Sra. Narváez, tal y como lo señala el artículo 51 de la Ley de Amparo.  En consecuencia, solicita a la Comisión declare el reclamo de las peticionarias inadmisible, en los términos del artículo 46 (1) (a) de la Convención Americana.

Decisión del Órgano de Protección

Admisible el caso: en relación con la presunta violación a:

Art. 1(1) (CADH) sobre la obligación de los Estados de respetar los Derechos y libertades, garantizando su pleno y libre ejercicio.

Art. 8 (CADH) Garantías Judiciales, que establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial

Art. 24 (CADH) Igualdad ante la Ley que establece que todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Art. 25 (CADH) Protección Judicial que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la CADH, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Reparación y costas

Aún no hay decisión sobre este aspecto.
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