Sonia Arce vs. Chile

Sistema de Protección:  SIPDH                                          
Solicitud ante CIDH . Informe de Admisibilidad. Pendiente informe de fondo.
Caso y víctimas.

SONIA ARCE VS. CHILE

Estado del caso: La CIDH emitió Informe de admisibilidad Nº 59/03 PETICIÓN 071/01 del 10 octubre 2003.

Peticionarias: Sonia Arce y Corporación La Morada.

Derechos Denunciados

Los peticionarios alegan que ciertos artículos del Código Civil chileno violan los derechos de la Sra. Arce Esparza consagrados en los artículos 1, 2, 17, 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana”) y los artículos 1, 2, 5(a), 15(1), 15(2) y 16(1) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En particular, los peticionarios argumentan que el artículo 1749 del Código Civil chileno, que autoriza al cónyuge varón a actuar como único administrador de los bienes de la cónyuge, viola los derechos de la presunta víctima. Los peticionarios sostienen que otros artículos del Código Civil chileno relacionados con la administración de bienes entre cónyuges también violan los derechos de la presunta víctima, a saber, los artículos 1750, 1752 y 1754 de dicho Código.  Los peticionarios afirman que satisfacen los requisitos de admisibilidad de la Comisión y que están exceptuados de agotar los recursos internos o que, en su defecto, los han agotado todos.

Petición

La petición fue presentada por Sonia Arce y Corporación La Morada.

Alego la peticionaria, Sra. Arce Esparza, que contrajo matrimonio en el año 1976. Como consecuencia, quedó sometida a las disposiciones del Código Civil referidas a la administración de bienes entre cónyuges. En el año 1994, tras el fallecimiento de sus padres, heredó algunas propiedades que pasaron a integrar su patrimonio, las que después de un tiempo decidió poner a la venta. El agente inmobiliario se negó a concluir la operación sin el consentimiento del esposo de la Sra. Arce, basado en lo dispuesto en el artículo 1749 del Código Civil chileno.

Tal artículo, que integra el régimen legal de administración de bienes entre cónyuges, establece que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer

El sistema legal se completa con la disposición del artículo 1754 que establece que la mujer no podrá enajenar, o gravar, dar en arrendamiento o ceder la tenencia de sus propios bienes, excepto en circunstancias extraordinarias. También se establece expresamente que la esposa no tiene derechos sobre los bienes de la pareja durante el matrimonio (artículo 1752) y que los bienes del esposo y los bienes maritales deben ser considerados uno solo a efectos de terceros tales como los acreedores (artículo 1750).

Este marco legal priva concretamente a la Sra. Arce Esparza de la posibilidad de administrar sus propios bienes. Existe en el caso una imposibilidad fáctica de obtener cualquier permiso por parte de su esposo, pues se desconoce su paradero, y además es discriminatorio que ella deba depender de cualquier tipo de autorización para conseguirlo.

Actuación del Estado

El Estado sostiene, por su parte, que la declaración debe ser declarada inadmisible por no haber agotado los recursos internos. Afirma que la Sra. Arce Esparza no ha invocado total o debidamente dos recursos pertinentes: (1) el recurso de protección, y (2) el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

A su vez, alegó el Estado chileno que:

El Estado no ha controvertido la sustancia de las denuncias de los peticionarios. Por el contrario, argumenta que, primero, la legislación chilena protege los derechos de la Sra. Arce Esparza y, segundo, que la petición debe ser desestimada por no haber agotado los recursos internos.

La legislación chilena protege los derechos de la Sra. Arce Esparza.  La Constitución de Chile protege el derecho a la igualdad ante la ley. Además, la legislación chilena garantiza expresamente el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer. “[H]hombres y mujeres son iguales ante la ley.”

La Sra. Arce Esparza tiene acceso a dos recursos efectivos: (1) el recurso de protección, y (2) el recurso de inaplicabilidad.  En tanto los peticionarios caracterizan los recursos como ineficaces, el Estado considera que la Sra. Arce Esparza no los invocó debidamente.  En el caso del recurso de protección, la razón de la denegación de la apelación fue que la víctima no impugnó una aplicación ilegal de la ley, como lo exige el recurso. En realidad, argumentó que la propias leyes violaban sus derechos. En el caso del recurso de inaplicabilidad, la presunta víctima aún no ha tratado de invocar este recurso o de satisfacer su requisito previo de que exista un proceso legal en un tribunal inferior en que la ley alegadamente inconstitucional se está aplicando contra ella. Por tanto, el Estado entiende que los peticionarios no pueden argumentar que los recursos sean inadecuados hasta no haberlos invocado debidamente. El Estado alega también que el requisito del agotamiento no ha sido satisfecho porque los peticionarios, por su propia admisión, nunca invocaron el recurso de inaplicabilidad.

Decisión del Órgano de Protección

Admisible el caso por la presunta violación de los derechos a la protección de la familia (artículo 17 de la Convención Americana), a la propiedad privada (artículo 21 de la Convención Americana), a la igualdad ante la ley (artículo 24 de la Convención Americana) y a la protección judicial (artículo 25 de la Convención Americana), el deber del Estado a adecuar sus disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención Americana) y su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos protegidos sin ningún tipo de discriminación (artículo 1 de la Convención Americana) en los hechos referidos, entendiendo que “la existencia de una legislación que incluya distinciones basadas en la condición personal puede de por sí caracterizar una posible violación.

Reparaciones y costas

Aún no hay decisión sobre este aspecto.
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