Silvia Arce y otros vs. México

Sistema de Protección:  SIPDH                                           
Solicitud ante CIDH . Informe de Admisibilidad. Pendiente informe de fondo.
Caso y víctimas.

SILVIA ARCE Y OTROS VS MÉXICO. Estado del caso: La CIDH emitió informe de admisibilidad No. 31/06 PETICIÓN No. 1176-03 del 14 marzo 2006. Causa abierta.

Peticionarios: CEJIL, CMDPDH y Justicia para Nuestras Hijas.

Derechos Denunciados

Los peticionarios alegaron que los hechos denunciados configuran la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belém do Pará”); y de los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.  Alegan asimismo que han sido conculcados las siguientes disposiciones garantizadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“la Convención Americana”): la obligación de respetar y garantizar todos los derechos (artículo 1); la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2); el derecho a la vida (artículo 4); el derecho a la integridad personal (artículo 5); el derecho a la libertad personal (artículo 7); las garantías judiciales (artículo 8); la igualdad ante la ley (artículo 24); y el derecho a la protección judicial (artículo 25).  En particular, alegan que respecto a Evangelina Arce y su familia se configuran violaciones al derecho a la integridad personal (artículo 5); derecho a las garantías judiciales (artículo 8); a la protección de la familia (artículo 17); y a la protección judicial (artículo 25), todo ello en violación del deber genérico de respeto y garantía previsto en el artículo 1.1 de la Convención Americana.  Sostienen igualmente que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en dicho instrumento internacional.

Petición

La petición fue presentada por Sra. Evangelina Arce, madre de la víctima, por Justicia para Nuestras Hijas, por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Los peticionarios destacan y afirman que la responsabilidad del Estado está comprometida por no haber llevado a cabo una diligente investigación al momento de la desaparición, además de presumir que Silvia pudo haber estado secuestrada inicialmente y los indicios de que un agente del Estado podría haber estado involucrado.

En este caso, los peticionarios alegan la denegación de justicia por la ausencia de la figura del delito de la desaparición forzada en el ordenamiento jurídico interno, por lo que el Estado no ha cumplido con su deber de adopción de disposiciones de derecho interno para proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Destacando que el factor de género ha sido determinante para no ejercer acciones de investigación exhaustiva. Por último, invocan como excepción a la regla de agotamiento de los recursos internos –prevista en el art. 64 CADH- ya que los recursos disponibles en la jurisdicción interna no han sido eficaces ni expeditos y

Actuación del Estado

El Estado mexicano sostuvo que los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, son resultado de un fenómeno social complejo, multifacético y multifactorial que no pude ser atendido desde la sola perspectiva de la investigación policial y la administración de justicia.

A su vez sostuvo que, las diligencias expuestas en el caso demuestran su voluntad de garantizar el respeto de los derechos humanos de toda persona, y que no se han agotado los recursos internos.  En consecuencia, el Estado solicitó a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.

Decisión del Órgano de Protección

La CIDH, a efectos de admisibilidad, verifica que hubo retardo injustificado en la decisión de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto de los hechos denunciados. En consecuencia, se aplica la excepción al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46.2 (c) de la CADH.

Admisible el caso: en relación con la presunta violación a:

Art. 2 (CADH): que establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que la CADH promulga.

Art. 3 (CADH): que establece el reconocimiento a la personalidad jurídica.

Art. 4 (CADH): que establece el derecho a la vida.

Art. 5 (CADH): sobre el derecho a la integridad personal.

Art. 7 (CADH): sobre el derecho a la libertad y seguridad personal.

Art. 8 (CADH): que establece el derecho que tiene toda persona de ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

Art. 24 (CADH): que establece el derecho de igualdad ante la ley.

Art. 25 (CADH): que establece el derecho a la protección judicial.

Todos los anteriores en relación al Art. 1(1) (CADH) sobre la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades, garantizando su pleno y libre ejercicio.

Art. 7 (Belem do Para): que establece el deber de los Estados de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Art. I (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas): que establece las obligaciones de los Estados partes para no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada.

Art. II (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas): que establece la definición de la desaparición forzada.

Reparaciones y Costas: 

Aún no hay decisión sobre este aspecto.
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