Raquel Martín De Mejía vs. Perú

Sistema de Protección:  SIPDH                                       
Solicitud ante CIDH. Informe de Admisibilidad y de fondo. El caso no se remitió a la Corte.
Caso y víctimas.

RAQUEL MARTÍN DE MEJÍA VS PERÚ. La CIDH emitió Informe final nº5/96 Caso 10.970 del 10 de marzo de 1996.

Copeticionarias: Raquel Martín de Mejía y APRODEH

Derechos Denunciados

El derecho a la integridad personal (artículo 5) y el derecho a la privacidad (artículo 11), ambos en relación con el artículo 1.1 de la Convención americana de Derechos Humanos.  Así como, el derecho de toda persona a un recurso Interno efectivo que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (artículo 25).

Petición

El 15 de junio de 1989 un grupo de personas armadas, con uniforme del ejército peruano, irrumpió en la casa de Raquel Martín y Fernando Mejía en Oxapampa, llevándose a este. Pasado un rato la persona al mando de la operación regresó a la casa y violó a la Sra. Martín de Mejía, se marchó, regresó poco después y la violó de nuevo. El 18 de junio apareció el cadáver de Fernando Mejía. La autopsia confirmó que había sido severamente torturado y que la causa de la muerte fue un disparo en la cabeza. El 21 de junio, a solicitud de la Sra. Martín de Mejía y de la Asociación Pro Derechos Humanos, el Fiscal Provincial de Oxapampa ordenó a la policía local investigar los hechos. Entre el 28 y el 30 de junio la Sra. Martín de Mejía recibió amenazas anónimas de muerte si continuaba con la investigación. Temiendo por su seguridad abandonó el país en agosto de 1989.

Los peticionarios denuncian que el Gobierno de Perú publicó una lista en la que calificaba a peruanos que residen en el exterior como subversivos que apoyan Sendero Luminoso, en la lista se encontraba la Sra. Martín de Mejía. Asimismo denuncian que el Gobierno solicitó la extradición de esas personas y que, para el caso de que no regresaran, les revocaría la nacionalidad. Se denuncia que el Gobierno de Perú formalizó una acción penal en contra de la Sra. Martín de Mejía en base a la legislación terrorista y que podría ser sometida a un proceso judicial ante un “tribunal sin rostro”. Los peticionarios alegan que los cargos contra la Sra. Martín de Mejía son infundados y a tal efecto acompañan dictámenes del Fiscal Provincial de Lima y del Fiscal Superior de Terrorismo de los que se deriva la inexistencia de pruebas que substancien la acusación de la Sra. Martín de Mejía.

Actuación del Estado

El Gobierno observó que la presente petición era una reiteración del caso 10.466, en el cual la Comisión había condenado al Estado de Perú por la violación de los derechos humanos de Fernando Mejía Egocheaga y Aladino Ponce Melgarejo. Agregó que el mencionado informe se había publicado en el Informe Anual de la Comisión Interamericana correspondiente al período mayo 1990 a febrero de 1991.

Fundado en este argumento, el Gobierno de Perú solicitó a la Comisión que declarase la inadmisibilidad del presente caso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 numeral 1 inciso b. de su Reglamento interno.

Decisión del Órgano de Protección

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado por violación del derecho a:

– la integridad personal, debido proceso, presunción de inocencia y derecho a ser juzgada por tribunal imparcial, la honra y la dignidad, protección judicial, en concreto, derecho a recurso efectivo (arts..5, 8, 8.1, 8.2, 11, 25 CADH) en relación con art.1.1 CADH (obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en la CADH)

-Además reconoce la violación sexual en este caso específico como un acto de tortura, por cuanto cumple con lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de modo que según interpretación de la CIDH, deben conjugarse tres elementos: a) que se trate de un acto a través del cual se inflijan a una persona penas y sufrimientos físicos y mentales; b) cometido con un fin; c) por un funcionario público o por una persona privada a instigación del primero. Elementos que a juicio de la Comisión se dieron en el caso de la violación sexual a Raquel Mejía.

Recomienda al Estado peruano que:

Investigue los hechos, sancione a las personas responsables, indemnice a las víctimas y que derogue o modifique el Decreto Ley 25.475 para que garantice el derecho a un proceso justo. Asimismo se recomienda al Estado peruano que desista del proceso penal promovido contra la Sra. Martín de Mejía por presunta comisión de delito de terrorismo por cuanto el mismo no ha garantizado su derecho a un proceso justo.

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