Paloma Angélica Escobar Ledezma y Otros vs. México

Sistema de Protección:  SIPDH                                            
Solicitud ante CIDH . Informe de Admisibilidad. Pendiente decisión de fondo.
Caso y víctimas.PALOMA ANGÉLICA ESCOBAR LEDEZMA Y OTROS VS MÉXICO Estado del caso: La CIDH emitió informe de admisibilidad No. 32/06. PETICIÓN No. 1175-03 del 14 marzo 2006. No hay decisión de fondo. Causa abierta.

Peticionarios: Justicia para Nuestras Hijas, CEJIL y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Derechos Denunciados

Los peticionarios alegaron que los hechos denunciados configuran la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  Asimismo alegaron que los siguientes derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos humanos (en adelante Convención) han sido conculcados: derecho a la vida (artículo 4), derecho a la integridad personal (artículo 5), garantías judiciales (artículo 8), protección judicial (artículo 25), así como los derechos del niño (artículo 19), y la igual protección de la ley (artículo 24).  Alegan que con respecto a Norma Ledezma (madre de la presunta víctima) y su familia se configuran las violaciones al derecho de integridad personal (artículo 5), el derecho a la protección de la familia (artículo 17), el derecho de igualdad ante la ley (artículo 24), y el derecho a la protección judicial (artículo 25) todo ello en violación al deber genérico del Estado reconocido en el artículo 1.1 de la Convención.  Por su parte, el Estado mexicano sostiene que las diligencias efectuadas demuestran su voluntad de garantizar el respeto de los derechos humanos de toda persona, y que no se han agotado los recursos internos.  En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.

Petición

El 30 diciembre de 2003 la CIDH recibió una denuncia en la que se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos, por las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Paloma Angélica Escobar Ledesma, quien desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando tenía 16 años de edad; y fue hallada muerta.La petición fue presentada por Norma Ledezma Ortega, madre de la presunta víctima; Justicia para Nuestras Hijas, el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Los peticionarios alegaron que, la falta de investigación en este caso forma parte de un panorama general de discriminación ejercida en contra de las mujeres y niñas en el estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez. Denuncian el trato discriminatorio en razón del género, en torno a la actuación de las autoridades que dieron importancia a diligencias de carácter hostil hacia la culpabilidad de la propia familia, u otras orientadas hacia la “conducta moral” de la menor. Los peticionarios consideran que el caso no ha sido investigado dentro de lo requerido para situaciones que se desarrollan en el contexto de violencia de género y afirman que la violencia contra la mujer constituye la violación de múltiples derechos humanos.

Actuación del Estado

 

El Estado mexicano sostuvo:Que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no había escatimado esfuerzos para esclarecer el presente caso.

Que conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Chihuahua, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua es la dependencia facultada para llevar a cabo la investigación y persecución ante los tribunales, de todos los delitos del orden local.

Que realizo 370 diligencias a cargo de la PGJ con relación al caso y de las cuales remitió lista a la CIDH

Que aunque estaba conciente de que “a más de tres años, no existen resultado[s]  tangibles, pero como se explicó […] el Gobierno está implementando mejores métodos de investigación y administración de justicia, con lo que se espera que en el mediano plazo se pueda estar en aptitud de castigar a los responsables del homicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma”.

Que demostró apertura a la visita de distintos expertos en materia de derechos humanos, lo cual, afirma ha probado su intención de dar una solución integral a la situación de violencia en Ciudad Juárez.  El Estado manifiesta haber tomado medidas dirigidas a consolidar los mecanismos de prevención de violencia, de investigación, y de sanción para crímenes cometidos en dicha ciudad fronteriza, tales como la designación de una Comisionada de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como la creación de fiscalías especializadas entre otras.  Menciona el Estado que dichas medidas han reportado sus frutos, ya que se ha verificado una baja de la incidencia de la criminalidad.

Que “cuenta con un aparato de justicia y de seguridad pública que tiene por objeto prevenir la perpetración de delitos, sin embargo, no es posible para ningún Estado erradicar todo crimen en una sociedad determinada“.  A partir de lo expuesto, estima el Estado que no es posible concluir que hay un retardo injustificado de de justicia, y que se encuentra aún dentro de plazo razonable para la conclusión del proceso.  En consecuencia, señala, no se observa denegación de justicia por investigación deficiente y reafirman que no se puede responsabilizar al Estado mexicano por los lamentables hechos ocurridos.

Que los recursos de la jurisdicción interna no habían sido agotados.

Decisión del Órgano de Protección

La CIDH, a efectos de admisibilidad, verifica que el Estado no ha proporcionado información específica sobre avances en esta investigación, en particular, que conducirían a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. En consecuencia, se aplica la excepción al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46.2 (c) de la CADH.Admisible el caso: en relación con la presunta violación a:

Art. 4 (CADH): que establece el derecho a la vida

Art. 5 (CADH): sobre el derecho a la integridad personal.

Art. 7 (CADH): sobre el derecho a la libertad y seguridad personal.

Art. 8 (CADH): que establece el derecho que tiene toda persona de ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

Art. 19 (CADH): que establece el respeto a los derechos del niño.

Art. 24 (CADH): que establece la igualdad ante la ley.

Art. 25 (CADH): que establece el derecho a la protección judicial.

Todos los anteriores en relación al Art. 1(1) (CADH) sobre la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades, garantizando su pleno y libre ejercicio.

Art. 7 (Belem do Para): que establece el deber de los Estados de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Reparaciones y Costas: 

Aún no hay decisión sobre este aspecto.
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