Mz vs. Bolivia

Sistema de Protección:  SIPDH                                            
Solicitud ante CIDH . Informe de Admisibilidad. Pendiente informe de fondo.
Caso y víctimas.

MZ VS BOLIVIA. Estado del caso: La Comisión emitió Informe de admisibilidad nº 73/01 Caso 12.350 del 10 de octubre de 2001.

Organizaciones peticionarias: Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba, CLADEM, CEJIL

Derechos Denunciados

La peticionaria alega que los hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  a respetar y garantizar los derechos. Específicamente los siguientes: (articulo 1(1); derecho a la integridad personal (artículo 5); garantías judiciales (artículo 8(1); protección a la honra y a la dignidad (artículo 11); a la  igualdad ante la ley (artículo 24); y protección judicial (artículo 25) y los artículos 3, 4, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Petición

La petición fue presentada por  Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba, CLADEM, CEJIL

Según la petición, la presunta víctima MZ fue violada sexualmente el 2 de octubre de 1994 por Jorge Carlos Aguilar, hijo de los dueños de la casa que rentaba.

MZ acudió a la justicia penal del Estado boliviano, con el fin de que su agresor fuera investigado y sancionado. El Juez de primera instancia dictó Sentencia condenatoria por el delito de violación sexual, por existir pruebas en su contra. La pena impuesta fue de 5 años de prisión. La decisión fue apelada por MX quien pretendía que el agresor fuera sancionado con una pena mayor proporcional al daño causado

Jorge Carlos Aguilar presentó una declaración escrita en la que afirmaba que fue MZ quién le agredió sexualmente a él. La Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito de Cochabamba, legitimada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, absolvió Jorge Carlos Aguilar, según las peticionarias contraria a las pruebas y fundada en prejuicios de género.

Finalmente, se interpuso recurso de casación que fue considerado infundado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de abril de 2000.

Actuación del Estado

El Estado considera que el Poder Ejecutivo no puede responder a la denuncia interpuesta contra Bolivia por MZ, ya que esto atentaría contra la independencia del Poder Judicial. Que dicha denuncia es inadmisible ya que fue interpuesta fuera del plazo de seis meses establecido en el artículo 38 del anterior Reglamento de la Comisión –vigente al momento de presentar la denuncia– y 46 de la Convención Americana; que la valoración de la prueba por parte de los jueces durante el desarrollo de todo el proceso ante la jurisdicción interna de Bolivia se hizo en ejercicio de su jurisdicción, de acuerdo con las leyes y la jurisprudencia boliviana, y con respeto de los criterios de prudente arbitrio y sana crítica, y que MZ tuvo acceso a todos los recursos que consagra la legislación boliviana.

A su vez alegó el Estado boliviano que:

Los más altos tribunales de dicho Estado se pronunciaron sobre sus peticiones, habiendo la Corte Suprema de Justicia dictado el Auto Supremo el 25 de abril de 2000 en el caso seguido por MZ contra Jorge Carlos Aguilar por el delito de violación, actuación procedimental que se constituye jurisprudencia nacional en materia penal, aspecto que imposibilita que el Poder Ejecutivo pueda responder a  la demanda interpuesta ante la CIDH por MZ.

Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos corrigiese las supuestas irregularidades denunciadas por el peticionario, no sólo atentaría contra los principios de seguridad jurídica e independencia judicial, sino que convertiría a la Comisión en una instancia de revisión, lo cual no se compadece con su naturaleza.

La denuncia fue presentada por las peticionarias el 7 de diciembre de 2000, y que la decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia le fue notificada el 29 de mayo de 2000 a MZ, tal como se desprende del expediente. Por ello, en el presente caso a partir del 29 de mayo de 2000 tenía el plazo legal de seis meses, o sea, 29 de noviembre de 2000 para presentar su petición ante la CIDH, dentro de lo previsto por el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana, concordante con el artículo 38(1) del Reglamento de la CIDH vigente en dicha época, aspecto que no fue cumplido por las peticionarias, dado que de los antecedentes notificados al Estado boliviano se establece que las peticionarias presentaron la demanda en fecha 7 de diciembre de 2000, mediante el caso 12.350, o sea a los seis meses y ocho días, extremo que vulnera los plazos previstos.

La valoración de la prueba por parte de los jueces durante el desarrollo de todo el proceso ante la jurisdicción interna de Bolivia se hizo de acuerdo a las leyes y la jurisprudencia, y con respeto de los criterios de prudente arbitrio y sana crítica, así como lo establece artículo 135 del Código de Procedimiento Penal “Todos los medios de pruebas aportados serán valorados en su conjunto por un órgano jurisdiccional a su prudente arbitrio y conforme a las reglas de la sana crítica, exponiendo, invariablemente, los razonamientos en que se funde esa valoración jurídica”.

Decisión del Órgano de Protección

Admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas violaciones de derechos a:

Art. 1(1) (CADH) sobre la obligación de los Estados de respetar los Derechos y libertades, garantizando su pleno y libre ejercicio.

Art. 5 (CADH): sobre el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

Art. 8 (CADH): que garantiza el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías judiciales, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

Art. 11 (CADH): que establece el derecho de protección de la honra y el reconocimiento de la dignidad.

Art. 24 (CADH):que establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Art. 25 (CADH): sobre el derecho a recurso efectivo ante los jueces o tribunales, que amparen contra actos que violenten los derechos fundamentales.

Art. 7 (Conv. Belem do Pará):que establece que los Estados convienen en adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Reparación y costas

Aún no hay decisión sobre este aspecto.
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