María Da Penha Maia vs. Brasil

Sistema de Protección:  SIPDH                                          
Solicitud ante CIDH . Informe de Admisibilidad y fondo. Caso no se sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso y víctimas.

MARÍA DA PENHA MAIA VS BRASIL. La CIDH emitió Informe final nº 54/01 Caso 12.051 del 16 de abril de 2001 EL CASO NO SE REMITIÓ A LA CORTE.

Co-peticionarias: CEJIL, CLADEM.

Derechos Denunciados

 Se denuncia la violación de los artículos 1(1) (Obligación de Respetar los Derechos); 8 (Garantías Judiciales); 24 (Igualdad ante la Ley) y  25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos II y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“la Declaración”), así como de los artículos 3, 4(a), (b), (c), (d), (e), (f) y (g); 5 y 7 de la Convención de Belém do Pará. 

Petición

La denuncia alega la tolerancia por parte de la República Federativa de Brasil de la violencia perpetrada en su domicilio en la ciudad de Fortaleza, Estado de Ceará, por Marco Antônio Heredia Viveiros en perjuicio de su entonces esposa Maria da Penha Maia Fernandes, durante años de su convivencia matrimonial y que culminó en una tentativa de homicidio y nuevas agresiones en mayo y junio de 1983.

 

Maria da Penha, como producto de esas agresiones padece de paraplejia irreversible y otras dolencias desde el año 1983.  Se denuncia la tolerancia estatal por no haber tomado por más de quince años medidas efectivas necesarias para procesar y penar al agresor, pese a las denuncias efectuadas.

Actuación del Estado

El Estado de Brasil no suministró  a la Comisión respuesta alguna con respecto a la admisibilidad o a los méritos de la petición.

Decisión del Órgano de Protección

La responsabilidad del Estado por violación del derecho a:

Art.1.1 CADH relacionado con la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en la CADH.

Arts 8 y 25 (CADH) garantías judiciales y protección judicial.

Art. 7: Convención de Belem do Pará, por no adoptar las medidas y políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra las mujeres.

Recomienda al Estado que:

Complete rápidamente el procesamiento del responsable de la agresión; investigue y determine responsabilidades por el retardo injustificado del procesamiento; tome las medidas administrativas, legislativas y judiciales correspondientes; repare las consecuencias e indemnice a la víctima; y continúe y profundice en el proceso de reformas que eviten la tolerancia estatal y el tratamiento discriminatorio respecto a la violencia doméstica contra las mujeres.

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