Marcela Andrea Valdés Díaz vs. Chile

Sistema de Protección:  SIPDH                                            
Solicitud ante CIDH . Informe de Admisibilidad. Pendiente informe de fondo.
Caso y víctimas.

MARCELA ANDREA VALDÉS DÍAZ VS CHILE. Estado del caso: la CIDH emitió Informe de admisibilidad Nº 57 /03 PETICIÓN 12.337 del 10 octubre 2003.

Copeticionaria: Fundación Instituto de la Mujer

Derechos Denunciados

La peticionaria señala que Marcela Valdés Díaz se desempeñaba como Carabinera de Chile. Luego de un sumario en el cual se investigó su relación matrimonial y producto del cual otros dos carabineros recibieron sanciones menores, recibió una sanción de 15 días de arresto. Antes de la decisión final presentó un recurso de protección, recibiendo en consecuencia otra sanción de arresto por hacer uso de recursos judiciales antes de agotar la vía administrativa. Como consecuencia de estas sanciones fue luego pasada a retiro. Agrega que la señora Valdés apeló judicialmente su retiro pero sus recursos fueron denegados sin una revisión sustantiva de sus reclamos. La peticionaria considera que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la igualdad ante la ley, la integridad personal, la protección de la honra y la dignidad, la protección judicial y las garantías judiciales, incumpliendo además la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención. Agrega que el Estado tampoco ha cumplido con su obligación de adoptar las medidas apropiadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Con relación a la admisibilidad del reclamo, la peticionaria alega que se han agotado los recursos judiciales en el plano interno y que la petición cumple con los requisitos de forma y de fondo para la admisibilidad.

Petición

La petición fue presentada ante la CIDH por Fundación Instituto de la Mujer, en fecha 4 de octubre de 2000, alegando violación a los derechos de la señora Valdés, quien se desempeñaba como carabinera de Chile:

Después de una situación de maltrato del esposo (Capitán de Carabineros) según consta en documentos de Carabineros y judiciales, la pareja solicita autorización a sus superiores para vivir en forma separada, la autorización es otorgada el 4 de junio de 1999. Al mismo tiempo y a raíz de ese pedido la Prefectura de Valdivia dispuso iniciar una investigación sumarial, en la que se investigó la relación matrimonial y la relación amistosa de la Sra. Valdés con otro carabinero.

Como resultado de la investigación sumarial se emite la Resolución N° 15 del 7 de junio, que estableció sanciones para la Sra. Valdés y otros dos carabineros. Se impuso a ella una sanción de 10 días de arresto por tener una conducta impropia, “al mantener una amistad profunda con el Teniente…aún cuando no se pudo determinar que haya derivado en una relación de tipo sentimental permite presumir fundadamente que dio margen a comentarios en tal sentido y también, provocó el quiebre definitivo del matrimonio”.

La Sra. Valdés apela la resolución ante varias instancias de Carabineros y a nivel judicial. La Prefectura de Valdivia N° 23 aumenta a 15 días de arresto la sanción por haber recurrido a los tribunales de justicia, instancia ajena al ámbito institucional.

Posteriormente la Sra. Valdés fue evaluada y se determinó que presentaba “grandes deficiencias en sus condiciones personales, profesionales y morales” por lo que el Ministerio la llamó a “retiro absoluto”.

La Sra. Valdés interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue rechazado por “considerar que no hubo ninguna conducta ilegal o arbitraria por parte de la institución Carabineros”.

Actuación del Estado

El Estado señala que no existió violación de las normas internacionales relativas a su obligación de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Considera que la presunta víctima no denunció la situación de violencia a la Institución y optó por interponer una acción judicial en los términos de la Ley 19.325 de Violencia Intrafamiliar. Refiere que esa denuncia concluyó con un acuerdo judicial que, entre otros puntos, dejaba vigente una medida de protección a favor de la presunta víctima y sus hijos.

La investigación sumarial no puede considerarse una injerencia arbitraria en la privacidad de la presunta víctima. Explica que “la participación institucional no se lleva a cabo únicamente por la violencia que el cónyuge ejerce sobre la peticionaria (porque la ignoraba) ni por la supuesta infidelidad de la señora Valdés (que también ignoraba), sino por la perturbación que la situación existente entre la peticionaria y su cónyuge causó a la Prefectura y al cuartel en cuestión”.

No hubo discriminación en perjuicio de la presunta víctima por el hecho de ser mujer. Alega que los agravios presentados por la peticionaria en este punto son meras conjeturas que no encuentran asidero en las constancias del sumario administrativo. Manifiesta que al Teniente Suazo se le aplicó la misma sanción que a la presunta víctima. Aduce que la presunta víctima fue sancionada y calificada de conformidad con los reglamentos internos y sus antecedentes como funcionaria.

La reglamentación interna establece varias instancias administrativas de apelación en las cuales la presunta víctima tuvo la oportunidad de ser oída con todas las garantías del debido proceso.

Decisión del Órgano de Protección

Admisible el caso: en relación con la presunta violación a:

Art. 1(1) (CADH) sobre la obligación de los Estados de respetar los Derechos y libertades, garantizando su pleno y libre ejercicio.

Art. 2 (CADH):que establece el deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que la CADH promulga.

Art. 5 (CADH): sobre el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

Art. 8 (CADH): que garantiza el derechos de toda persona a ser oída con las debidas garantías judiciales, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

Art. 11 (CADH): que establece el derecho de protección de la honra y el reconocimiento de la dignidad.

Art. 24 (CADH):que establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Art. 25 (CADH): sobre el derecho a recurso efectivo ante los jueces o tribunales, que amparen contra actos que violenten los derechos fundamentales.

Art. 7 (Conv. Belem do Pará):que establece que los Estados convienen en adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Reparaciones y costas

Aún no hay decisión sobre este aspecto.
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