Laura Berenice Ramos Monarrez vs. México

Sistema de Protección:  SIPDH                                         
Solicitud ante CIDH . Informe de Admisibilidad. Pendiente informe de fondo.
Caso y víctimas.

LAURA BERENICE RAMOS MONARREZ VS MÉXICO. Estado del caso: La CIDH emitió Informe de admisibilidad N° 18/05 PETICIÓN 283/02 del 24 de febrero 2005.

Copeticionarias: Irma Monreal y la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad

Humana.

Derechos Denunciados

 

Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de los artículos 8 (incisos a, c, d y h) y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la  Mujer (“Convención de Belém do Pará”); de los artículos XIV y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“Declaración Americana”).  Alegan igualmente que se configura la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana”): obligación de respetar y garantizar todos los derechos (artículo 1); obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2); derecho a la libertad personal (artículo 7); derecho a la protección de la honra y la dignidad (artículo 11) y derecho a la protección judicial (artículo 25); y que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en dicho instrumento internacional.

Petición

La petición fue presentada por Benita Monarrez Salgado, madre de la presunta víctima, y por la “Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana”.

Los peticionarios alegan la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Laura Berenice Ramos Monarrez, quien desapareció en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, el 22 de septiembre de 2001 cuando tenía 17 años de edad; y cuyo cuerpo habría sido hallado entre el 6 y el 7 de noviembre del mismo año).; por cuanto:

Las autoridades aseguran que uno de los ocho cuerpos encontrados el 6 y 7 de noviembre del año 2001, corresponde a la víctima, sin embargo no se permite a la madre ni a la familia identificar el cuerpo, tampoco se han mostrado fotografías del levantamiento del cuerpo.

Actuación del Estado

El Estado mexicano sostiene que las actuaciones judiciales en el caso demuestran su voluntad de garantizar el respeto de los derechos humanos de toda persona y que no se han agotado los recursos internos.  En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.

A su vez alegó el Estado mexicano que:

En respuesta a la denuncia, el Estado mexicano sostiene primeramente que “los días 6 y 7 de noviembre de 2001, en efecto, se llevó a cabo un operativo en el que fueron encontrados 8 cuerpos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua”.

Debido al clima de violencia que impera en esa ciudad, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJ) determinó someter los cuerpos encontrados a exámenes minuciosos para conocer la causa de muerte y su identidad.

En enero de 2002, dichos exámenes, apoyados en peritajes de craneometría y odontología, permitieron conocer que la identidad de uno de ellos corresponde a quien en vida respondía al nombre de Laura Berenice Ramos.

El 22 de marzo, 16 días después de que la peticionaria presentara su inconformidad, se le permitió el acceso al cadáver a fin de que  corroborara que efectivamente correspondía al de Laura Berenice Ramos.  En ese acto la señora Benita Ramos Monarrez y el señor Pablo Monarrez Salgado, madre y tío de la víctima respectivamente, confirmaron que el cadáver pertenecía [a] Laura Berenice Ramos.

La tardanza en los resultados de la práctica de la diligencia sobre los estudios de ADN no obedece a ningún tipo de negligencia por parte de la autoridad ministerial local, sino al proceso que dichos peritajes requieren.  Hasta el día de hoy, no han sido entregados los resultados,  Una vez que se encuentren en poder de las autoridades ministeriales locales, se harán de conocimiento de la CIDH.

Las autoridades mexicanas “han redoblado esfuerzos con el fin de agotar todas las hipótesis que conlleven a localizar y comprobar la probable responsabilidad de los sujetos activos que dieron muerte a las ocho mujeres víctimas”.  Considera además el Estado que “no debe perderse de vista que con relación a este caso, la autoridad logró aprehender a dos sujetos que aparecen como presuntos responsables de los homicidios” y que “actualmente están siendo procesados y se tiene conocimiento que el proceso está en la etapa probatoria”.[3]  Hasta la fecha de adopción del presente informe, el Estado no presentó información más específica o actualizada al respecto.

En ningún momento se ha minimizado la problemática que viven las mujeres en Ciudad Juárez sino que por el contrario, se han celebrado reuniones entre las autoridades y representantes de la sociedad civil en las que “se ha estudiado la posibilidad de establecer los mecanismos adecuados que inhiban la gestación de este tipo de lamentables sucesos”.  El Estado menciona igualmente las acciones que ha llevado adelante el Gobierno del Estado de Chihuahua para atender la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, así como las medidas adoptadas para apoyar el trabajo de la Fiscalía Especial para los Asesinatos de Mujeres en Ciudad Juárez, y la reestructuración de la Unidad de Atención a Víctimas y Personas Desaparecidas “con el fin de optimizar los recursos humanos y eficientar el servicio”.

Decisión del Órgano de Protección

Admisible el caso: en relación con la presunta violación a:

Art. 2 (CADH):que establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que la CADH promulga.

Art. 4 (CADH): que establece el derecho a la vida.

Art. 5 (CADH): sobre el derecho a la integridad personal

Art. 7 (CADH): sobre el derecho a la libertad y seguridad personal.

Art. 8 (CADH): que establece el derecho que tiene toda persona de ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

Art. 11 (CADH): que establece el derecho de protección de la honra y el reconocimiento de la dignidad.

Art. 19 (CADH): sobre los derechos del niño indicando la obligación de medidas de protección, por parte del Estado.

Art. 25 (CADH): derecho a la protección Judicial.

Todos los anteriores en relación al Art. 1(1) (CADH) sobre la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades, garantizando su pleno y libre ejercicio.

Art. 7 (Belem do Para): que señala el deber de los Estados de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia.

Art. 8 (Belem do Para): sobre el deber de los Estados de adoptar medidas progresivas tendientes a la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Art. 9 (Belem do Para):que señala el deber de los Estados de tener en cuenta situaciones de vulnerabilidad específicas que puedan sufrir las mujeres.

Reparaciones y Costas: 

Aún no hay decisión sobre este aspecto.
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