Inés Fernández Ortega y Otros vs. México

Sistema de Protección:  SIPDH                                                      
Solicitud ante CIDH . Informe de admisibilidad. Pendiente decisión de fondo.
Caso y víctimas.

 INÉS FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS VS. MÉXICO Estado del caso: La CIDH emitió informe de admisibilidad No. 94/06. PETICIÓN No. 540-04 del 21 de octubre de 2006. No hay informe de fondo.

Peticionarias: OIPT y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” AC.

Derechos Denunciados

 Se alegaba la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos, por la detención ilegal, violación y tortura en agravio de Inés Fernández Ortega, indígena del pueblo Tlapaneca Me`paa, así como la posterior falta de investigación de tales hechos.

Los peticionarios alegaron que los hechos denunciados configuran la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“la Convención Americana”): el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la libertad personal (artículo 7), el derecho a las debidas garantías judiciales (artículo 8), el derecho a la protección de la honra y dignidad humana (artículo 11), el derecho a la protección a la familia (artículo 17), el derecho a la propiedad privada (artículo 21), el derecho a la protección judicial (artículo 25) así como el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (artículo 1.1).  Asimismo, alegan la violación de los artículos 3, 4, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belem do Pará”, y del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.  Sostienen igualmente que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana.

Petición

La petición ante la CIDH fue presentada por la Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos, AC. (OIPT) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, AC.

La víctima, Inés Fernández Ortega, de 29 años de edad, alegó que se encontraba en su domicilio un 22 de marzo de 2002, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando 3 soldados se introdujeron en el interior de su cocina sin su consentimiento, mientras que 9 soldados se quedaron en su patio. En el interior también se encontraban los hijos de Inés, todos menores de edad, quienes al ver la situación huyeron por miedo hacia la casa de su abuelo. Los soldados que entraron al domicilio de la presunta agraviada le preguntaron sobre la ubicación de su marido y sobre la carne que tenía en su patio. Al no contestar y permanecer en silencio por no hablar español, los soldados se enfurecieron y seguidamente la amenazaron con sus armas, le ordenaron que se tirara al suelo y la violentaron sexualmente.

La CIDH, a efectos de admisibilidad, verifica la aplicación de la excepción al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46.2 (c) de la CADH. Además, de destacar que la jurisdicción militar no constituye un foro apropiado y por lo tanto no brinda un recurso adecuado para investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos consagrados en la CADH.

Actuación del Estado

El Estado mexicano, por su parte, sostuvo que la Procuraduría General de Justicia Militar inició una investigación de oficio sobre el caso, que el ministerio público local declinó su competencia a favor del fuero militar, y que ni la presunta víctima ni los testigos acudieron al ministerio público militar a comparecer a pesar de haber sido notificadas en reiteradas ocasiones.  Asimismo sostiene que aún no se han agotado todas las diligencias de la investigación para poder identificar a los responsables del delito.

Decisión del Órgano de Protección

La CIDH declara Admisible el caso en relación con la presunta violación a:

Art. 5 (CADH): sobre el derecho a la integridad personal.

Art. 7 (CADH): sobre el derecho a la libertad y seguridad personal.

Art. 8 (CADH): que establece el derecho que tiene toda persona de ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

Art. 11 (CADH): que establece el derecho al respeto de la honra y de la dignidad.

Art. 17 (CADH): que establece el derecho de protección a la familia.

Art. 19 (CADH): que establece el respeto a los derechos del niño.

Art. 21 (CADH): que establece el derecho a la propiedad privada.

Art. 25 (CADH): que establece el derecho a la protección judicial.

Todos los anteriores en relación al Art. 1(1) (CADH) sobre la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades, garantizando su pleno y libre ejercicio.

Art. 7 (Belem do Para): que establece el deber de los Estados de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Art. 1 (Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura): que establece la obligación de los Estados para prevenir y sancionar la tortura.

Art. 6 (Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura): que establece la obligación de los Estados partes tomen medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.

Art. 8 (Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura): que establece el la obligación para que el Estado examine imparcialmente un caso denunciado de tortura ocurrida dentro del ámbito jurisdiccional estatal.

Reparaciones y Costas: 

Aún no hay decisión sobre este aspecto.
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