Esmeralda Herrera Monreal vs. México

Sistema de Protección:  SIPDH                                            
Solicitud ante CIDH . Informe de Admisibilidad. Pendiente informe de fondo.
Caso y víctimas.ESMERALDA HERRERA MONREAL VS MEXICO. Estado del caso: La CIDH emitió Informe de admisibilidad N° 17/05  PETICIÓN 282/02 del 24 de febrero 2005.

Copeticionarias: Irma Monreal y la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana

Derechos Denunciados

Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de los artículos 8 (incisos a, c, d y h) y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”); de los artículos XIV y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“Declaración Americana”).  Alegan igualmente que se configura la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana”): obligación de respetar y garantizar todos los derechos (artículo 1); obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2); derecho a la libertad personal (artículo 7); derecho a la protección de la honra y la dignidad (artículo 11) y derecho a la protección judicial (artículo 25); y que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en dicho instrumento internacional.

Petición

La petición fue presentada por Irma Monreal, madre de la presunta víctima, y por la “Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana”.Alegaron los peticionarios, la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Esmeralda Herrera Monreal (desaparecida en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, el 29 de octubre de 2001 cuando tenía 15 años de edad; y hallada asesinada el 7 de noviembre del mismo año) por cuanto:

No se asumió la pronta búsqueda al notificar la desaparición, dando la responsabilidad de buscarla a la familia, las autoridades descalificaron el hecho asegurando que “seguramente se había ido con el novio”.

No se tomaron en cuenta datos ofrecidos por la propia familia para seguir líneas de investigación y para identificar el cuerpo. Cuando la madre acudió a solicitar información, se la negaban y le decían que comprara el periódico para que se enterara de las noticias.

No se entregó ningún documento de la autopsia y se informó que la causa de la muerte era “indefinida”, cuando se preguntó por la misma. El cuerpo con solo ocho días de desaparecida, no tenía ni rostro ni cabello, las autoridades aseguraron a la madre que los animales, el viento y la tierra lo habían destrozado, sin embargo, el resto de su cuerpo estaba desnudo e intacto y se encontró boca abajo. No se permitió que los familiares estuvieran presentes cuando se pasó el cuerpo al ataúd (se indicó que la ley no lo permitía) y sellaron la caja.

Se tomaron muestras de sangre y cabellos para la prueba de ADN al padre y a la madre, no se han entregado resultados a la fecha de la denuncia.

Las autoridades aseguran que los dos asesinos se encuentran en la cárcel, la madre duda “porque no hay pruebas contundentes que lo aseguren ni lo desmientan”. A partir de la entrega del cuerpo las autoridades cerraron el caso sin entregar el expediente, a pesar de que se había solicitado. Poco después se entregó un fólder lleno de hojas sin orden lógico, unas repetidas y otras ilegibles, “las cuales muestran la falta de seriedad en el seguimiento del caso, y manifiestan la negligencia e irregularidades en las investigaciones”.

Actuación del Estado

El Estado mexicano alegó que:

El reporte sobre desaparición de Esmeralda Herrera Monreal se recibió al día siguiente de la fecha en que desapareció, es decir el 30 de octubre de 2001, y que ese mismo día se giró oficio a la Policía Judicial del Estado en el que se ordenó de inmediato proceder a su localización.

De acuerdo con los informes de la autoridad ministerial, del análisis de la averiguación previa consta que el 2 de noviembre de 2001 compareció Eduardo Chávez Marín, quien al parecer tuvo contacto con la víctima antes de su desaparición.

En lo que respecta a la apreciación de la peticionaria en el sentido de que las autoridades se basaron únicamente en la ropa para lograr la identificación de Esmeralda Herrera Monreal, el hecho se desvirtúa por el resultado del peritaje realizado el 21 de noviembre de 2001, que consistió en un estudio forense en craneometría y odontología, cuya conclusión estableció una coincidencia en relación óseo facial.

El 16 de noviembre de 2001 acudieron voluntariamente Adrián Herrera Monreal y Antonio Herrera Rodríguez, hermano y padre de esmeralda, a reconocer el cadáver ante el Ministerio Público, como el de esmeralda Herrera Monreal.

La tardanza en los resultados de la práctica de la diligencia de los estudios de ADN no obedece a ningún tipo de negligencia por parte de la autoridad ministerial local, sino al proceso que dichos peritajes requieren.

Existen dos personas sujetas a proceso por el asesinato de las ocho mujeres encontradas en los operativos de los días 6 y 7 de noviembre de 2001, y será la autoridad judicial la que determine su situación.

Las autoridades mexicanas “han redoblado esfuerzos con el fin de agotar todas las hipótesis que conlleven a localizar y comprobar la probable responsabilidad de los sujetos activos que dieron muerte a las ocho mujeres víctimas”.

En ningún momento se ha minimizado la problemática que viven las mujeres en Ciudad Juárez sino que por el contrario, se han celebrado reuniones entre las autoridades y representantes de la sociedad civil en las que “se ha estudiado la posibilidad de establecer los mecanismos adecuados que inhiban la gestación de este tipo de lamentables sucesos”.  El Estado menciona igualmente las acciones que ha llevado adelante el Gobierno del Estado de Chihuahua para atender la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, así como las medidas adoptadas para apoyar el trabajo de la Fiscalía Especial para los Asesinatos de Mujeres en Ciudad Juárez, y la reestructuración de la Unidad de Atención a Víctimas y Personas Desaparecidas “con el fin de optimizar los recursos humanos y hacer eficiente el servicio”.

Decisión del Órgano de Protección

Admisible el caso: en relación con la presunta violación a:Art. 2 (CADH):que establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que la CADH promulga.

Art. 4 (CADH): que establece el derecho a la vida.

Art. 5 (CADH): sobre el derecho a la integridad personal

Art. 7 (CADH): sobre el derecho a la libertad y seguridad personal.

Art. 8 (CADH): que establece el derecho que tiene toda persona de ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

Art. 11 (CADH): que establece el derecho de protección de la honra y el reconocimiento de la dignidad.

Art. 19 (CADH): sobre los derechos del niño indicando la obligación de medidas de protección, por parte del Estado.

Art. 25 (CADH): derecho a la protección judicial.

Todos los anteriores en relación al Art. 1(1) (CADH) sobre la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades, garantizando su pleno y libre ejercicio.

Art. 7 (Belem do Para): que señala el deber de los Estados de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia.

Art. 8 (Belem do Para): sobre el deber de los Estados de adoptar medidas progresivas tendientes a la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Art. 9 (Belem do Para):que señala el deber de los Estados de tener en cuenta situaciones de vulnerabilidad específicas que puedan sufrir las mujeres.

Reparaciones y Costas: 

Aún no hay decisión sobre este aspecto.
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