Comadres vs. El Salvador

Sistema de Protección:  SIPDH                                           
Solicitud ante CIDH. Informe de Admisibilidad y de fondo. El caso no se remitió a la Corte.
Caso y víctimas.

COMADRES VS EL SALVADOR. La CIDH emitió Informe final nº 13/96. Caso 10.948 del 1 de marzo de 1996.

Derechos Denunciados

 Derecho a la vida (artículo 4), el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la libertad personal (artículo 7), la protección de la honra y de la dignidad (artículo 11), a la libertad de pensamiento y expresión (artículo 13), el derecho a la propiedad privada (artículo 21), y la garantía de protección judicial (artículo 25).

Petición

Se denuncian violaciones de derechos humanos de varias personas vinculadas a la organización no gubernamental “Comadres”.

1980:agentes del Gobierno torturan, violan y asesinan a Ana Delmi Gonzáles, hija de un miembro de Comadres

1985: fuerzas de seguridad del Estado entran a Comadres y sustraen información; miembros de la Policía Nacional capturan a Mª Ester Grande y la obligan a ver cómo maltratan a su hijo.

1986: la Policía detiene y tortura en dos ocasiones a Gloria Alicia Galán; policías secuestran y torturan a Mª Teresa Tula.

1987: estalla una bomba en la institución hiriendo a Ángela López y a su hija; Gloria Alicia Galán y Lucía Vázquez son secuestradas y torturadas.

1988: Marta Salmerón fue secuestrada por miembros de la Primera Brigada de Infantería.

1989: Gloria Alicia Galán es secuestrada y detienen a su hermana; se atribuye a las fuerzas militares un atentado con explosivos a las oficinas de Comadres, resultando tres mujeres miembros de Comadres heridas; las fuerzas de seguridad allanan las oficinas de Comadres y golpean obligan a nueve miembros a posar en una foto con la bandera del grupo guerrillero FMLN. Las siete mujeres que eran salvadoreñas permanecieron cuatro meses detenidas ilegalmente.

Actuación del Estado

  El Estado no respondió ni aportó las informaciones solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Decisión del Órgano de Protección

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado por violación del derecho a:

– la integridad personal (art.5 CADH) respecto de los ataques en 1985 a Maria Ester Grande y a su hijo; en 1986 a Mª Teresa Tula; en 1987 a Ángela López y a su hija; en 1989 a tres personas en Comadres que resultaron heridas por atentado con explosivos y a las nueve miembros de Comadres detenidas y golpeadas por las fuerzas de seguridad que allanaron las oficinas de Comadres.

– la libertad personal (art.7 CADH) por el secuestro de Mª Teresa Tula en 1986.

– la honra y la dignidad (art.11 CADH) por injerencias arbitrarias y abusivas mediante el ingreso y saqueo en las oficinas de Comadres en 1985.

– la libertad de asociación (art. 16 CADH) en base a la práctica sistemática de atentados contra la vida, la integridad física y la libertad de miembros de Comadres.

– la propiedad privada (art. 21 CADH) por el ingreso y saqueo en Comadres 1985; por el atentado con explosivos en 1987 y en 1989;

– la garantía de protección judicial (art. 25 CADH) por la falta de la debida diligencia del Estado para prevenir y tratar las violaciones de derechos humanos en los términos de la CADH.

Recomienda al Estado salvadoreño que:

Investigue los hechos, tome las medidas necesarias para someter a procedimiento judicial a las personas responsables y las sanciones, repare las consecuencias e indemnice a las víctimas y tome las medidas necesarias para evitar hechos similares en el futuro.

Solicita al Estado salvadoreño que:

Informe, dentro del plazo de noventa días, sobre las medidas que se hubieren adoptado de conformidad con las recomendaciones.

El informe de fondo fue debidamente transmitido al Gobierno de El Salvador con fecha 21 de abril de 1995, indicando un plazo de 90 días para el cumplimiento de las recomendaciones.  Transcurrido ese plazo sin haber recibido respuesta del Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida en su 91º Período Ordinario de Sesiones, considera que el Gobierno de El Salvador no ha tomado las medidas adecuadas según las recomendaciones anteriores, decide adoptar este informe y publicarlo en su Informe Anual, dentro de lo preceptuado en el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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