Claudia Ivette González vs. México

Sistema de Protección:  SIPDH                                          
Solicitud ante CIDH . Informe de Admisibilidad. Pendiente informe de fondo.
Caso y víctimas.CLAUDIA IVETTE GONZÁLEZ VS MÉXICO. Estado del caso: La CIDH emitió Informe de admisibilidad N° 16/05 PETICIÓN 281/02 del 24 de febrero 2005. Causa abierta.

Copeticionarias: Josefina González Rodríguez y la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana

Derechos Denunciados

Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de los artículos 8 (incisos a, c, d y h) y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”); de los artículos XIV y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“Declaración Americana”).  Alegan igualmente que se configura la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana”): obligación de respetar y garantizar todos los derechos (artículo 1); obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2); derecho a la libertad personal (artículo 7); derecho a la protección de la honra y la dignidad (artículo 11) y derecho a la protección judicial (artículo 25); y que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en dicho instrumento internacional.

Petición

La petición fue presentada por Josefina González Rodríguez, madre de la presunta víctima, y por Rosario Acosta y Jorge Alberto Gaytán en representación de la “Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana”Los peticionarios imputan responsabilidad al Estado por “irregularidades e inconsistencias” en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior muerte de Claudia Ivette González, quien desapareció el 10 de octubre del 2001 en Ciudad Juárez, por cuanto se denuncia la desaparición el día 11 de octubre y en la Procuraduría de Justicia no aceptaron la denuncia pues “era muy tarde”, se levanta el acta el 12 de octubre. La familia y otras personas cercanas a la misma hacen rastreos en la zona en la que se encontró el cuerpo ya que la Policía “no tomo cartas en el asunto” durante cuatro semanas después de su desaparición.

Actuación del Estado

El Estado mexicano sostiene que las actuaciones judiciales en el caso demuestran su voluntad de garantizar el respeto de los derechos humanos de toda persona y que no se han agotado los recursos internos.  En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.

A su vez, alegó el Estado mexicano que:

El reporte sobre desaparición de personas no fue levantado por la señora Josefina González Rodríguez, sino por la hermana de Claudia Ivette González, de nombre Mayela Banda González.  Luego hace referencia a los testimonios como “hecho[s] que supone[n] que las autoridades actuaron con prontitud ante la desaparición de Claudia Ivette González”.

La dilación en los resultados de los estudios de ADN, de acuerdo al Estado, “no obedece a  ningún tipo de negligencia por parte de la autoridad ministerial local, sino al proceso que dichos peritajes requieren” y que hasta la fecha de dichas observaciones “no se han entregado los resultados, mismos que se harán del conocimiento de la CIDH y de la propia peticionaria”. 

En ningún momento y bajo ninguna circunstancia el hecho de entregar el cuerpo de una persona asesinada presupone que le caso haya sido cerrado, lo que tampoco ocurre siquiera cuando se ejercita la acción penal en contra de algún supuesto responsable

Las autoridades mexicanas “han redoblado esfuerzos con el fin de agotar todas las hipótesis que conlleven a localizar y comprobar la probable responsabilidad de los sujetos activos que dieron muerte a las ocho mujeres víctimas”.  Considera además el Estado que las investigaciones han sido eficientes en la medida en que hay siete personas que están compurgando penas y que “en el caso concreto no se ha escatimado en recursos materiales y humanos para resolverlo de igual manera”.

En ningún momento se ha minimizado la problemática que viven las mujeres en Ciudad Juárez” sino que por el contrario, se han celebrado reuniones entre las autoridades y representantes de la sociedad civil en las que “se ha estudiado la posibilidad de establecer los mecanismos adecuados que inhiban la gestación de este tipo de lamentables sucesos”.  El Estado menciona igualmente las acciones que ha llevado adelante el Gobierno del Estado de Chihuahua para atender la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, así como las medidas adoptadas para apoyar el trabajo de la Fiscalía Especial para los Asesinatos de Mujeres en Ciudad Juárez, y la reestructuración de la Unidad de Atención a Víctimas y Personas Desaparecidas “con el fin de optimizar los recursos humanos y eficientar el servicio”

Decisión del Órgano de Protección

La CIDH estima que los hechos expuestos ameritan un examen de manera más precisa y completa de la petición en la etapa de fondo. Declara admisible el caso: en relación con la presunta violación a:Art. 2 (CADH): que establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que la CADH promulga.

Art. 4 (CADH): que establece el derecho a la vida.

Art. 7 (CADH): sobre el derecho a la libertad y seguridad personal.

Art. 8 (CADH): que establece el derecho que tiene toda persona de ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

Art. 11 (CADH): que establece el derecho de protección de la honra y el reconocimiento de la dignidad.

Art. 25 (CADH): derecho a la protección judicial.

Todos los anteriores en relación al Art. 1(1) (CADH) sobre la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades, garantizando su pleno y libre ejercicio.

Art. 7 (Belem do Para: que señala el deber de los Estados de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia.

Art. 8 (Belem do Para): sobre el deber de los Estados de adoptar medidas progresivas tendientes a la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Art. 9 (Belem do Para):que señala el deber de los Estados de tener en cuenta situaciones de vulnerabilidad específicas que puedan sufrir las mujeres.

Reparaciones y Costas: 

Aún no hay decisión sobre este aspecto.
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