Caso del Penal Miguel Ángel Castro Castro vs. Perú. Corte IDH.

Sistema de Protección:  SIPDH 

Solicitud ante CIDH y caso sometido a la Corte IDH.

Peticionarias: Mónica Feria Tinta, Sabina Astete, Douglass Cassel, Peter Erlinder y Bertha Flores.

Derechos denunciados

Artículos 4 y 5 (Derecho a la Vida y la Integridad Personal) de la Convención Americana, en perjuicio de 42 reclusos que fallecieron; adicionalmente, la violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) en perjuicio de 175 reclusos que resultaron heridos y de 322 reclusos que fueron sometidos a trato cruel, inhumano y degradante; violación de los artículos 8.1 y 25 (Garantías Judiciales y Protección Judicial); y todos los anteriores en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma Convención.

Petición

El 9 de septiembre de 2004, la CIDH sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Perú, a fin de que el tribunal declarara al Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 y 5 (Derecho a la Vida y la Integridad Personal) de la Convención Americana, en perjuicio de 42 reclusos que fallecieron; adicionalmente, la violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) en perjuicio de 175 reclusos que resultaron heridos y de 322 reclusos que fueron sometidos a trato cruel, inhumano y degradante; violación de los artículos 8.1 y 25 (Garantías Judiciales y Protección Judicial); y todos los anteriores en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma Convención

Actuación del Estado

El Estado peruano hace un reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional, respecto de los hechos ocurridos del 6 al 9 de mayo de 1992.

La Corte admite el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional del Estado, respecto los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992.

Decisión del Órgano de Protección

La Corte IDH declaró que el Estado peruano era responsable por las siguientes violaciones:

Arts. 5.1 y 5.2 (CADH): sobre el derecho a la integridad personal en perjuicio de los 41 internos fallecidos, los sobrevivientes y los familiares de los internos.Art. 4 (CADH): sobre el derecho a la vida en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados.

Art. 8.1 (CADH): que establece el derecho que tiene toda persona de ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos identificados y de los internos sobrevivientes.

Art. 25 (CADH): que establece el derecho a la protección judicial, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos identificados y de los internos sobrevivientes.

Art. 7.b) (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer): que establece el deber de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar la violencia contra la mujer, en perjuicio de todas las internas.

Art. 1 (Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura): que establece la obligación de los Estados para prevenir y sancionar la tortura, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos identificados y de los internos sobrevivientes.

Art. 6 (Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura): que establece la obligación de los Estados partes tomen medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos identificados y de los internos sobrevivientes.

Art. 8 (Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura): que establece el la obligación para que el Estado examine imparcialmente un caso denunciado de tortura ocurrida dentro del ámbito jurisdiccional estatal, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos identificados y de los internos sobrevivientes.

Estándar de protección en materia de derechos de las mujeres: violación y violencia sexual.

La Corte, siguiendo la línea de la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, considera que “la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”. En este sentido el tribunal agrega que, por violación sexual además de“actos de penetración vaginales o anales”, sin el consentimiento de la víctima como ya se resaltó, también se considerará violación la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como “la penetración bucal mediante el miembro viril”.

El tribunal, reconoce que “la violencia sexual contra la mujer tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras, que se ven agravados en los casos de mujeres detenidas”. A su vez, los actos de violencia sexual por sus efectos pueden considerarse tortura.

 Reparaciones y Costas:

De acuerdo a la obligación de reparar (art. 63.1 de la CADH), el tribunal ordena las siguientes reparaciones:

 Por daño material

 – Pago de una indemnización a favor de cada uno de los 41 internos fallecidos identificados, por los ingresos que pudieren haber percibido por el trabajo que podrían haber realizado en el futuro. Esta indemnización deberá ser distribuida entre sus familiares.

– Pago de una indemnización en beneficio de las víctimas que a raíz de los hechos quedaron con una incapacidad total y parcial permanente para trabajar.

-Pago de una indemnización a los familiares de las 40 víctimas fallecidas identificadas, cuyos restos les fueron entregados y que asumieron los gastos de entierro.

-Pago de una indemnización a favor de 36 familiares que incurrieron en gastos de búsqueda de las víctimas, recorriendo durante varios días en hospitales y morgues.

Por daño inmaterial

– Pago de una compensación respecto de los internos fallecidos, por los daños sufridos por la forma como fallecieron en un contexto violento y por el grave sufrimiento psicológico y emocional que constituyó una tortura psicológica para todos ellos.

– Pago de una compensación respecto de los sobrevivientes por los daños sufridos a su integridad personal y por el grave sufrimiento psicológico y emocional que constituyó una tortura psicológica para todos.

– Pago de una compensación a favor de las internas embarazadas ya que el Estado desatendió las necesidades básicas de salud antes y después de los partos.

– Pago de una compensación a favor de la interna que fue sometida a una supuesta “inspección” vaginal dactilar que constituyó violación sexual.

– Pago de una compensación a favor de seis internas que fueron forzadas a estar desnudas en el hospital y vigiladas por hombres armados, lo cual constituyó violencia sexual.

– Pago de una compensación a los familiares de las víctimas.

Por medidas de satisfacción y garantías de no repetición.

-Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.

– Acto público de reconocimiento de responsabilidad en desagravio de las  víctimas y para satisfacción de sus familiares.

– Publicación de la sentencia.

– Asistencia médica y psicológica.

– El Estado deberá diseñar e implementar programas de educación en derechos humanos, dirigidos a agentes de las fuerzas de seguridad peruanas, sobre los estándares internacionales aplicables en materia de tratamiento de los reclusos en situaciones de alteración del orden público en centros penitenciarios.

– Pago de costas y gastos incurridos por el acceso a la justicia nacional e internacional

 

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