Ana Victoria Sánchez Villalobos y otros vs. Costa Rica

Sistema de Protección:  SIPDH                                           
Solicitud ante CIDH . Informe de Admisibilidad. Pendiente informe de fondo.
Caso y víctimas.ANA VICTORIA SÁNCHEZ VILLALOBOS Y OTROS VS. COSTA RICA Estado del caso: La CIDH emitió Informe de admisibilidad N° 25/04 PETICIÓN 12.361 del 11 marzo 2004.

Copeticionarias: Ana Victoria Sánchez, Gerardo Trejos y otros.

Derechos Denunciados

El peticionario alega que la sentencia  número 2000.02306,  de la  Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica , viola los artículos 1, 2, 4, 5, 8, 11(2), 17, 24, 25, 26 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), así como los artículos 3, 10 y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), y los artículos 1 y 7(h) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (en adelante “Convención de Belém do Pará”) contra Ana Victoria Sánchez Villalobos; Fernando Salazar Portilla; Gretel Artavia Murillo, Miguel Mejía Carballo; Andrea Bianchi Bruno; German Alberto Moreno Valencia; Ana Cristina Castillo León; Enrique Acuña Cartín, Ileana Henchos Bolaños; Miguel Antonio Yamuni Zeledón; Claudia María Carro Maklouf; Víctor Hugo Sanabria León, Karen Espinoza Vindas; Héctor Jiménez Acuña; Maria del Socorro Calderón P.; Joaquina Arroyo Fonseca, Geovanni Antonio Vega, Carlos E. Vargas Solórzano, Julieta González Ledezma y Oriester Rojas Carranza, todos pacientes de los doctores Gerardo Escalante López y Della Ribas (en adelante denominados ”las supuestas víctimas”), y contra las empresas Costa Rica Ultrasonografía S.A. y el Instituto Costarricense de Fertilidad.

Petición

La petición fue presentada por Gerardo Trejos.El 3 de febrero de 1995 fue firmado un Decreto presidencial (24029), que regulaba la práctica de la fecundación in vitro, estableciendo que “solamente se aplicaba a matrimonios, prohibía la inseminación de más de seis óvulos y disponía que todos los embriones debían ser depositados en el útero materno, estando prohibido el congelamiento, preservación o descarte de embriones”.

El 15 de marzo de 2000 la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, a través de la sentencia número 2000.02306, considera inconstitucional la práctica de la fecundación in vitro en el país ya que “tales prácticas atentan claramente contra la vida y dignidad del ser humano…el embrión humano es persona desde el momento de la concepción, por lo que no puede ser tratado como objeto, para fines de investigación, ser sometido a procesos de selección, conservado en congelación y lo que es fundamental para la Sala, no es legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo desproporcionado de muerte”

Debido a esta sentencia se suspendió dicha práctica, afectando al menos a diez parejas, con problemas de infertilidad-esterilidad, que iban a realizar el procedimiento de fertilización in vitro, para poder procrear hijos.

Actuación del Estado

El Estado alega que desde el punto de vista biológico y legislativo es posible establecer que desde el momento en que se determine que existe vida se impone el deber de protegerla. Agrega que no importa que esta vida se haya materializado en un ser humano visible, sino que, por el contrario, esa protección debe darse desde su existencia, por precoz que sea su forma. En ese sentido afirma que con la fecundación se inicia el desarrollo de una vida humana, que debe ser protegida.

Aunque el Decreto Ejecutivo 24029-S disponga que todos los óvulos fertilizados deben ser implantados en el útero materno, estando prohibida su eliminación o preservación, la simple manipulación de embriones para que solamente uno sobreviva significa la muerte de otros embriones. Sostiene que si bien ocurren muertes dentro del útero materno debido a circunstancias naturales, no se acepta que esas muertes fuesen previsibles como resultado de manipulación humana. Agrega que el problema no se limita al número de vidas humanas perdidas, sino que está ligado principalmente a su previsibilidad.

La técnica de la fecundación in vitro no representa un caso de tratamiento de emergencia para salvar una vida. Sostiene que la infertilidad o la esterilidad no deben ser consideradas enfermedades, pues no equivalen a una alteración de la salud de una persona, sino una condición biológica o consecuencia de una enfermedad. En ese sentido afirma que la fecundación in vitro no es un tratamiento de emergencia ni cura para una enfermedad, pues no resuelve sus causas. Afirma que se trata de un recurso artificial que procura superar esa condición biológica. Concluye que se estaría jugando con vidas humanas al practicarla, por lo cual esa interpretación sería contraria a los derechos que protegen la vida en el derecho interno costarricense.

La autorización de la fecundación in vitro en Costa Rica estaría violando no solamente la protección del derecho a la vida reconocida en la Convención Americana, sino también otros instrumentos de Derecho Internacional de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocen la necesidad de protección especial del niño tanto antes como después del nacimiento.

El principio de igualdad y no discriminación no propone que se dé un tratamiento idéntico a cada situación médica diversa, sino que requiere que se consideren las particularidades de cada caso concreto a fin de proporcionar la intervención médica adecuada. Destaca que en el tratamiento al que pueden ser sometidas las personas con infertilidad o esterilidad debe estar limitado por las disposiciones de la Constitución y del ordenamiento internacional de protección de los derechos humanos.

La petición es infundada e improcedente en cuanto no expone hechos que caractericen una violación de los derechos humanos contemplados en la Convención Americana.

Decisión del Órgano de Protección

Admisible el caso: en relación con la presunta violación a:Art. 1(1) (CADH) sobre la obligación de los Estados de respetar los Derechos y libertades, garantizando su pleno y libre ejercicio.

Art. 2 (CADH): que establece el deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que la CADH promulga.

Art. 11 (CADH): que establece el derecho de protección de la honra y el reconocimiento de la dignidad.

Art. 24 (CADH):que establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Reparaciones y Costas: 

Aún no hay decisión sobre este aspecto.
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